Pasaron dos semanas desde que el gremio Auténticos Aboga­dos del Paraguay (AAP) presentó un amparo cons­titucional, una de las medi­das judiciales más rápidas que se dispone con el obje­tivo de frenar el cuestio­nado concurso para con­tratación de personal en Itaipú Binacional; sin embargo, hasta la fecha no se dio estudio al recurso con el que el referido gre­mio busca proteger el dere­cho al trabajo y a la igualdad amparados en la Constitu­ción Nacional.

El amparo se había remi­tido el pasado 5 de julio al Juzgado en lo Civil número 22 de Asunción, donde fue rechazado “in límite” por el juez Martín Acosta; es decir, que ni siquiera dieron estu­dio al documento presen­tado por el referido gremio por supuestamente “no jus­tificar la personería jurídica de los accionarios”, los cua­les fueron plenamente pre­sentados, según manifestó el abogado Juan Prieto, pre­sidente de AAP.

El gremio sostiene que el cuestionado proceso selec­tivo va en contra de lo esta­blecido en la Carta Magna, debido a que entre los requi­sitos excluyentes de pues­tos como el de “asesor legal – Departamento de Licita­ciones y Contratos” y otros, se establece que los con­cursantes deben tener un máximo de 30 años de edad.

“La Constitución Nacional no establece ninguna edad para participar en ningún concurso y la Itaipú Binacio­nal, siendo un administra­dor de la cosa pública, está obligado al cumplimiento de la ley”, lamentó Prieto.

Tras este rechazo, el presi­dente del gremio recurrió a la Cámara de Apelacio­nes y el caso fue remitido a la segunda sala del Tri­bunal de Apelaciones en lo Civil de la capital a cargo de los jueces Guido Cocco Samudio, Juan Carlos Pare­des y María Sol Zuccolillo. Sin embargo, cuando pare­cía que iban a resolver el caso, la magistrada Zucco­lillo solicitó permiso y se estancó el proceso.

Por los tiempos que rigen, se espera que hoy se designe el reemplazo pertinente, mientras tanto el concurso minado de denuncias está a punto de cerrarse.

Esta no es la primera denun­cia sobre el concurso, ya que hace dos meses, el abogado Wilson Benítez cuestionó a la binacional la falta de transpa­rencia en el proceso selectivo y solicitó “que todo el proceso sea público”, y en la misma fecha, la Cámara de Senado­res solicitó un informe sobre dicho proceso selectivo; sin embargo, hasta la fecha nin­guno de los pedidos fueron contestados por la Itaipú.

La empresa Tecno Dinámica SRL remitió un comunicado a nuestra redacción con relación a nuestra publicación del pasado lunes 17 de julio titulada: “Esposa de Ullón, con superascenso en el MOPC”. La firma figura entre los activos (como herencia) en las declaraciones del empresario Julio Ullón , exjefe de gabinete de la Presiden­cia de la República y en el material periodístico referimos el ascenso que experimentó su esposa en el Ministerio de Obras Públicas y Comunica­ciones, con dos cargos de alta relevancia, uno de ellos el de proyecto para el “Desarrollo de capaci­dades de gestión MOPC”, considerando las licita­ciones por valor de G. 55.590 millones que el polí­tico había acumulado en esta cartera estatal.

“El señor Julio Vicente Ullón Brizuela es accio­nista de nuestra empresa desde la declaración de herederos inscripta en los registros pertinentes el 30 de setiembre del 2020 con 8,33 % de par­ticipación accionaria y que desde que fue desig­nado accionista a través de dicha medida judicial, la empresa solamente ha sido adjudicada con un contrato en consorcio en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones con otra empresa por un monto de G. 2.488.836.756 para la fiscaliza­ción de la construcción de la Terminal de Cargas de la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP) en la ciudad de Presidente Franco. Este contrato fue adjudicado en noviem­bre de 2022, mucho antes de la designación de la Sra. María Celeste Solís Bogado, esposa del Sr. Julio Vicente Ullón Brizuela, como directora de Control Interno y directora nacional del Proyecto PNUD en abril de este año”.

“Hemos tomado una decisión en relación con la designación de la Sra. Solís Bogado en un cargo gerencial del Ministerio de Obras Públi­cas y Comunicaciones (MOPC). A partir de dicha designación desde abril de este año, se ha deci­dido no participar en ningún proceso licitatorio en el mencionado Ministerio”.

En el transcurso de la tarde se reportó una amenaza de bomba en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi de la ciudad de Luque.

La alerta se registró en un avión de la empresa JetSmart que se encontraba a punto de partir de la terminal aeroportuaria con destino a la ciudad de Buenos Aires, Argentina.

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Los reportes preliminares mencionan que un pasajero afirmó contar con un explosivo en su equipaje de mano, motivo por el que automáticamente se emitió la alerta y se activó el protocolo de seguridad.

A raíz de ello, se procedió a la evacuación de toda la tripulación -157 pasajeros y 6 tripulantes- que se encontraba en la aeronave, además de la extracción de todo el equipaje.

Posteriormente, se dio aviso a personal explosivista de la FOPE, que a estas horas ya se encuentra en el lugar para hacer la inspección de rigor, a fin de confirmar o descartar la veracidad de la amenaza.

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Mientras tanto, los pasajeros fueron llevados en un bus hasta una zona segura del aeropuerto, a la espera de los resultados que arroje la verificación que realicen los especialistas.

Los vuelos en el Silvio Pettirossi se encuentran suspendidos de forma temporal luego de confirmarse esta amenaza de bomba, mientras que la aeronave de JetSmart sigue varada en la pista de despegue.

Erick Urueta, veedor judicial de Colombia, señaló que de confirmarse esa versión, y que EEUU tenga pruebas de que los asesinos ingresaron de ese modo a su esquema legal, corresponderá la extradición de los sujetos ya condenados en Colombia.

“Lo que sí está claro es que para que EEUU pida extradición de estas personas es porque se cometió una conducta delictiva en EEUU, a pesar de que el crimen fue en Colombia. Si se llega a demostrar que uno de los bancos fue utilizado para hacer llegar a Colombia la plata que salió de Paraguay para pagar el crimen, estaríamos frente a una legalidad acerca de que ese país pida la extradición. Eso es lo que cree EEUU”, manifestó Urueta en comunicación con la 1020 AM.

Enfatizó que con la evolución de las investigaciones, en Colombia existe la convicción de que se puede llegar hasta la persona que ordenó matar a Pecci.

“No es una retaliación a ese pedido de extradición. Se está solicitando una reunión urgente con la Fiscalía de Colombia para tratar ese asunto, pero no se pueden ir a EEUU si no llegamos a los autores intelectuales y yo creo que tarde o temprano lo haremos”, acotó.

El funcionario colombiano significó que la pesquisa de la DEA, podría desembocar en dilucidar las conexiones que se tejieron en torno al magnicidio.

“Pienso que se debe determinar si el fiscal Pecci fue asesinado por alguna persona intelectualmente que esté relacionada con actos delictivos en EEUU. Tiene que demostrarse muchos elementos probatorios que demuestren que estas conductas afectaron a ese país”, concluyó Urueta.

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El presidente del Banco Nacional de Fomento (BNF), Manuel Ochipinti, en entrevista con diversos medios habló sobre el asalto ocurrido en la noche de ayer en la sucursal ubicada en el distrito de Natalio, departamento de Itapúa.

Segun precisó, el monto sustraído por la banda criminal detrás de este golpe asciende a unos G. 300.000.000 y cerca de 100.000 dólares americanos, lo cual totalizaría alrededor de G. 1.000 millones al cambio actual.

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Así también, indicó que el dinero se encuentra asegurado y, por lo tanto, la entidad bancaria tendrá forma de gestionar la compensación por la pérdida sufrida con este atraco.

Al momento en que se produjo el asalto tipo comando -en el que habrían participado más de 15 personas- no se encontraba nadie en la sucursal del BNF, según mencionó Ochipinti.

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El titular del BNF también reveló que el día viernes se efectuó la recarga de la mencionada sucursal bancaria, motivo por el que contaba con tanta cantidad de dinero. A esto se le suma el hecho de que tenía a su cargo abastecer los cajeros automáticos de la zona.

Pese a ello, sostuvo que los cajeros “se quedaron con más dinero” y por ello el botín no fue mucho mayor.